El gobierno paraguayo está a punto de ordenar a los ISP a rastrear y almacenar los datos de tráficos de los IP durante 12 meses. Estos planes se hacen con el pretexto de combatir el terrorismo, pedofilia y narcotráfico, pero que en realidad pertenecen en un Estado policial. Las políticas de retención de datos obligatorias tratan a cada uno de los ciudadanos como sospechosos con una constante e intrusiva vigilancia masiva.

 Además compromete el anonimato en línea, que es crucial para los investigadores, periodistas, movimientos sociales, ONGs de derechos humanos, todos y todas aquellas que se dedican a la expresión política.

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