Por: Santiago La Rotta

La Cámara de Diputados de Paraguay decide mañana la aprobación (o no) de una ley que impondría la retención masiva de datos en este país hasta por un año, una de las iniciativas más drásticas de la región en este tema.

Retención masiva de datos es un término que, al menos mediáticamente, cobró relevancia luego de las revelaciones de Edward Snowden, extécnico de la CIA, quien filtró documentos en los que mostraba cómo la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) estableció una red de vigilancia sobre las comunicaciones de millones de ciudadanos, una operación que realizó en conjunto con agencias de inteligencia de países como el Reino Unido.

El tema acá es que los metadatos a menudo revelan tanta (o hasta más) información sobre una comunicación. Esta información es particularmente sensible en el caso de activistas de derechos humanos o disidentes políticos, sólo por mencionar dos casos. Aunque, en últimas, potencialmente debilita la vida privada de cualquier persona.

En el caso de la ley paraguaya (Ley de Retención de Datos de Tráfico, popularmente conocida como Pyrawebs), el registro de la información se realizaría por 12 meses y afectaría a todos los usuarios de servicios de telecomunicaciones, sin importar si sobre estos pesa o no una investigación judicial. Este es uno de los puntos que más molestan de la iniciativa, por decir lo menos. “…este proyecto de ley violenta derechos básicos como el de la libertad de expresión, intimidad, inviolabilidad de la comunicación privada y presunción de inocencia, consagrados en nuestra Constitución Nacional”, asegura Tedic, una ONG paraguaya que monitorea temas de derechos humanos en internet.

La diputada Olga Ferreira, una de las más duras opositoras al proyecto (que con amplia mayoría fue aprobado a finales del año pasado en el Senado), tiene una opinión similar a Tedic al afirmar que la iniciativa “Daña derechos constitucionales como la privacidad, asociación y libertad de expresión, porque lo que propone esta ley es la vigilancia masiva de las personas, como si todas fueran culpables. Además, pone en peligro la privacidad de actores políticos y sociales y, en general, de todos los ciudadanos. Con este monitoreo, datos que se van a conservar por un año, se puede saber quién habla con quién, a qué hora, con quién se reúnen las personas; quiénes son las fuentes de un periodista, por ejemplo”.

¿Por qué fue presentada la ley?

La ley la presentó el Ministerio Público con el objetivo de hacer más rápidamente ciertos controles porque en nuestro país existen muchos delitos. Está el caso del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), que tiene un secuestrado en este momento. También hay temas como mafias y pedofilia. Pero quienes trabajamos en derechos humanos no estamos de acuerdo con que por las conductas de unos se investigue a todos. Aquí se hizo una consulta en la que más del 90% de los paraguayos rechazó esta ley; no es un resultado vinculante, pero sí genera presión.

¿Para qué se podría utilizar esa retención de datos?

Para revisar cualquier tipo de delitos. Es una violación a la intimidad. Pero además hay que tener en cuenta en manos de cuántas personas va a quedar nuestra información. Con estos datos se puede dar lugar a chantajes, a que se descubran secretos industriales. Esto pasa por manos de funcionarios en las empresas de telefonía, en el Ministerio del Interior y en la Fiscalía.

¿Para dónde cree que se incline esa votación?

Está subiendo la presión popular. Creo que se va a rechazar la ley.

Publicado en la Edición Impresa de El Espectador, 10 de marzo de 2015.